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LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA EN LA II REPÚBLICA

            La crisis del sistema de la Restauración, agudizada por los conflictos sociales y bélicos, sólo paliados de forma encubierta por la Dictadura, vino a desembocar en la nueva situación política planteada por la proclamación de la Segunda República tras las elecciones del 14 de Abril de 1931. Este acontecimiento supuso la caída definitiva de la monarquía, que había sido sostenida por el mecánico juego de los grupos liberales y conservadores desde los orígenes de la Restauración.

            Con el pacífico advenimiento de la II República, las viejas ideas del regeneracionismo costista -reforma de la educación en todos sus grados- van a encontrar el momento adecuado para su realización. En efecto, si algo no puede negarse a la II República es, sin duda, su ambicioso proyecto de reforma del sistema educativo, reforma en la que laten los viejos principios del liberalismo español, la moderna pedagogía de los institucionistas y las ideas educativas del socialismo histórico.

            La llegada de la República dio un giro radical a la situación anterior. El republicanismo trinfante comportó la liquidación de los obstáculos institucionales que se oponían al desarrollo de una sociedad democrática y progresista –el peso excesivo de la Iglesia y del aparato militar o la persistencia de estructuras arcaicas tradicionales-, así como el adecuado encauzamiento de las aspiraciones nacionalistas. El cambio significaba además, la oportunidad esperada para llevar a cabo la revolución burguesa pendiente y la asunción de las expectativas generadas en el movimiento obrero de la época.

            La enseñanza sería, pues, una cuestión crucial en la instrumentación de la revolución burguesa pendiente. La fe en la escuela fue una creencia firmemente arraigada en las mentes de todos los políticos republicanos, conformados en las tradiciones educativas del regeneracionismo, el movimiento institucionista y del socialismo. Unos confiaban en la escuela como la única vía apropiada para superar la lacra del analfabetismo. Otros esperaban que la nueva escuela propiciara definitivamente el triunfo de las libertades, del pluralismo y de los ideales laicos y secularizadores, más allá de sus propios muros, en la sociedad. Algunos concibieron la escuela como el arma ideológica de la revolución española, trascendiendo las expectativas y postulados de los liberales. Todos, sin embargo,  entendían que la educación iba a desempeñar un papel fundamental en la regeneración del país y en el afianzamiento del nuevo régimen.

  1. Comienzos de la República

            En la «Gaceta» del 16 de abril de 1931 aparece el nombramiento de Marcelino Domingo Sanjuan (1884‑1939) como primer ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de la República. En días sucesivos fueron nombrados subsecretario de Instrucción Pública, Domingo Barnés Salinas y director general de Enseñanza Primaria, Rodolfo Llopis Ferrandiz.  Al hacerse cargo del Ministerio de I. P., Marcelino Domingo manifestó:

            «Me place que la República se haya implantado en España no como producto de actitudes violentas y de insubordinaciones militares, sino de civismo y educación.  No nacemos en un momento de exaltación ni de retraimiento, sino en instantes de verdadera esperanza y en principios de verdadero resurgimiento.»

            Los primeros momentos del nuevo régimen se cubren con el obligado cambio de retratos, símbolos y banderas, y en este sentido está escrita la circular de la Dirección General de Primera Enseñanza:

            «Llegan (…) multitud de comunicaciones en las que profesores, inspectores y maestros participan haber recibido con íntimo regocijo el advenimiento de la República, participan, además, haber retirado de las Escuelas y de los locales dependientes de esta Dirección General el retrato de Don Alfonso de Borbón y de las demás personas de su familia y haber procedido a sustituir la bandera bicolor por la bandera roja, amarilla y morada de la República española.»

             En una orden (27 de abril) sobre la explicación a los niños de la fiesta del trabajo se vuelve a insistir en la lección moral que deben sacar:

            «Los maestros pueden y deben describir a los niños la evolución que a través de la Historia han sufrido las clases trabajadoras subrayando en ese proceso de liberación espiritual y económica del proletariado la trascendencia que supone para el nuevo derecho la O.I.T., que nació y vive bajo la divisa: «Si quieres la paz cultiva la justicia.»

            En el arranque de la República hay un optimismo generalizado en el país y el Magisterio no permanece al margen; al contrario «se ha apresurado a adherirse por medio de sus asociaciones al Gobierno provisional de la República». Esta adhesión estaba justificada por el nuevo horizonte que se abría a la cultura española y por las promesas hechas de atender de manera prioritaria a la educación y a la escuela nacional. En el artículo citado, Lorenzo Luzuriaga termina haciendo la siguiente convocatoria a los maestros:

            «El Magisterio hispánico ha de responder con todo su entusiasmo a la llamada de la República. El gran ejército de cerca de 40.000 hombres que lo constituyen ha de ponerse lealmente a su servicio. La República se salvará por fin por la escuela. Tenemos ante nosotros una obra espléndida, magnífica. Manos pues, a la obra. !Arriba el magisterio republicano!»

            En otro artículo del mismo número de la Revista de Pedagogía se insiste en la responsabilidad que cabe a los educadores:

            «Tenemos el deber de llevar a las escuelas las ideas esenciales en que se apoya [la República]: libertad, autonomía, solidaridad, civilidad.»

            Pero los redactores de la Revista de Pedagogía no se limitaban solamente a realizar llamamientos abstractos, sino que también apuntaban soluciones a los principales problemas que tenía la enseñanza de nuestro país en los inicios republicanos, y que ellos consideraban ser los siguientes:

  1. a) Saneamiento, revisión de la legislación de las dictaduras precedentes, cambio del personal que había actuado caciquilmente en el Ministerio de Instrucción Pública.
  2. b) Medidas tendentes a la mejora de la labor del maestro, mejoras económicas, construcciones escolares, cursos de perfeccionamiento.
  3. c) Descentralización de funciones que, estando absorbidas por el Ministerio, debían pasar a organismos provinciales.
  1. El programa del primer bienio. Primeras disposiciones

            La República representaba, por una parte, un intento de revolución burguesa que había venido aplazándose a lo largo del siglo XIX, y por otra, la participación a nivel de gobierno de representantes del movimiento obrero que había adquirido en la lucha madurez política. Consecuentemente, en estas dos tendencias surgen las primeras disposiciones republicanas: libertad de expresión en el decreto de bilingüismo y libertad de conciencia en el de libertad religiosa.

2.1. Bilingüismo

            El primer decreto del Gobierno provisional sobre enseñanza (29 de abril) se refiere al bilingüismo en las escuelas catalanas. Al preámbulo pertenecen las siguientes palabras:

            «La lengua catalana, proscrita y combatida por la Dictadura era ya antes de dicho régimen, y es hoy con más intensidad y mayor extensión, la lengua con que uno de los pueblos más emotivos y creadores del territorio hispano descubre las intimidades de su conciencia y expresa sus pensamientos. Posibilitar que la lengua materna sea un instrumento de cultura es posibilitar que la cultura rinda su máxima eficacia. Ello quiere decir que aunque fijada la atención en Cataluña, porque el problema en ella es más evidente, el agravio más ostensible, no se circunscribe la solución al respeto al catalán como lengua materna, sino que se extiende a las otras y se las juzga con idéntico derecho… Respetar la lengua materna, sea ella cual fuere, es respetar el alma del alumno y favorecer la acción del maestro permitiendo que ella se cumpla en toda su amplitud.»

            En el articulado se establecía:

  1. En las escuelas maternales y de párvulos de Cataluña se dará la enseñanza exclusivamente en lengua materna, catalana o castellana.
  2. En las escuelas primarias se dará también la enseñanza en lengua materna, sea catalana o castellana, y se enseñará a los alumnos catalanes a partir de los ocho años el conocimiento y práctica de la lengua española.
  3. Se faculta al Seminario de Pedagogía de la Universidad de Barcelona para organizar cursos de perfeccionamiento del catalán.

2.2. Consejo de Instrucción Pública

            El segundo decreto (5 de mayo) dado sobre enseñanza trata de la reorganización del Consejo de Instrucción Pública, donde nos encontramos con el concepto de escuela unificada «concebida la obra de la educación y de la cultura, y, por tanto, del Consejo como una obra unitaria, desde la escuela maternal hasta la última especialización artística, científica o profesional». El Consejo estaba dividido en cuatro secciones y la labor de conjunto revisora y unificadora se realizaba en las sesiones plenarias. Se establece que el Gobierno consultará al Consejo: en la formación y reforma de planes y reglamentos de estudios, creación o supresión de establecimientos de enseñanza, provisión de cátedras de nueva creación, expedientes de separación o rehabilitación de catedráticos, calificación de obras presentadas para ser declaradas de mérito a sus autores o para ser aprobadas como textos útiles en los establecimientos de enseñanza con el criterio de amplia selección, que habrá de sustituir «al absurdo y por fortuna malogrado ensayo dictatorial del texto único».

            También se establecía la creación de los consejos escolares (universitarios, provinciales, locales y de centro) como órganos de participación de la sociedad en los diferentes ámbitos educativos.

2.3. La enseñanza de la religión

            El tercer decreto (6 de mayo) del Gobierno provisional está referido a la enseñanza de la religión, que como es sabido en ese momento era obligatoria en todos los centros del país. En el preámbulo se dice:

            «Uno de los postulados de la República y, por consiguiente, de este Gobierno provisional, es la libertad religiosa … Libertad religiosa es, en la escuela, respeto a la conciencia del niño y del maestro.»

            En el articulado se dispone:

  • La instrucción religiosa no será obligatoria en las escuelas primarias, ni en ninguno de los centros que dependen del Ministerio.
  • Los alumnos cuyos padres manifiesten el deseo de que aquellos la reciban en las escuelas primarias, la obtendrán como hasta ese momento.
  • Cuando el maestro declare deseo de no dar esa enseñanza, se le confiará a los sacerdotes que quieran encargarse de ella.

            La interpretación de este decreto parece que fue variada y dio lugar a numerosas consultas y preguntas, hechas a la Dirección General de Primera Enseñanza, por lo que Rodolfo Llopis publicó una circular (13 de mayo) aclaratoria del decreto.

            «Los maestros harán saber a los padres, por el medio que consideren más eficaz, el derecho que les reconoce a solicitar para sus hijos la instrucción religiosa.»

            Los alumnos de la Escuela Superior de Magisterio y de las Normales no quedaban obligados a sufrir exámenes de la asignatura de religión para obtener el título de maestros, «excepto aquellos que manifiesten a la dirección de la escuela el deseo de cursar y dar validez a dichos estudios».

            Los maestros no estaban obligados a realizar actos religiosos con los alumnos, ni a participar en las ceremonias religiosas. Los símbolos de la religión podían seguir presidiendo las actividades escolares cuando el maestro y la totalidad de los padres estuviesen conformes en que la enseñanza se diese como hasta el momento; en caso contrario, «aquellos símbolos podrán exhibirse en locales de clase», pero por respeto a la libertad religiosa dejarán de presidir la vida escolar.  Terminaba la circular con las siguientes palabras:

            «La supresión de la enseñanza religiosa con carácter obligatorio no debe significar abandono en la dirección moral de los escolares; por el contrario, al perder esta enseñanza su orientación dogmática y catequistica, el maestro se esforzara, ahora más que nunca, en aprovechar cuantas oportunidades le ofrezcan sus lecciones en otras materias, el diario hacer de la Escuela y los altos ejemplos de la vida de los pueblos para inspirar en los niños un alto ideal de conducta.»

  1. Decretos de carácter pedagógico social

            Las Misiones Pedagógicas fueron creadas el 29 de mayo y estaban encargadas de difundir la cultura  general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural.

            Otra disposición a destacar por su importancia es el decreto del 9 de junio sobre: Consejos universitarios, provinciales, locales y escolares de primera enseñanza. Consta de un preámbulo y 24 artículos. Dos aspectos creemos merece la pena resaltar: a) la colaboración de todos los grados de enseñanza en un sentido unificador: «por vez primera se promueve la colaboración decidida de la Universidad en las actividades escolares desde las clases maternales a las enseñanzas de adultos», y b) se establece con los Consejos escolares un más estrecho vínculo entre la escuela y el medio social en que se desenvuelven sus actividades, «la escuela (…) será redimida del aislamiento de su misión, haciendo de ella una verdadera institución popular y contribuyendo a que se disponga de los medios esenciales para su labor».

            Estos enfoques progresivos no hacen olvidar que «faltan escuelas. Están en el mayor abandono muchas de las que hay», por lo que los responsables de la enseñanza se proponen «crear, por una parte, las escuelas primarias suficientes; por otra parte, depurar y acentuar la labor de las escuelas que ya existen», pues el propósito de la República es avanzar con pasos de gigante en la creación de la Escuela Única con el fin de que el talento encuentre libres todos los medios para desenvolverse, manifestarse    e imponerse».

            Sobre la representatividad de los maestros que participaban en los distintos Consejos el decreto especifica que serán «designados por la Asociación respectiva de cada provincia o, si no existe, por los maestros oficiales residentes en ellas». El padre y la madre miembros de los Consejos habían de ser «elegidos por las asociaciones de padres de familia, convocados, mediante aviso en la prensa, por el maestro más antiguo de la localidad».

            Otras disposiciones de estos primeros momentos venían a «rectificar posibles arbitrariedades que encontraron fácil apoyo en el régimen que acaba de desaparecer», según dice el decreto (7 de mayo) sobre suspensión de sanciones disciplinarias y tramitación de expedientes gubernativos, y la anulación de traslados de inspectores en la Dictadura (29 de mayo). Más interés tiene otro decreto de 29 de mayo que establece la entrada gratuita a los museos nacionales y centros artísticos e históricos dependientes del Ministerio de Instrucción Pública a favor de profesores, maestros y alumnos de centros de enseñanza pública.

  1. Algunos acontecimientos

            Hubo otros hechos que también centraron la atención de los hombres del Ministerio. Uno de ellos dio lugar al cierre de la Universidad de Valladolid el 18 de mayo. El motivo fue que un grupo de alumnos obligó a los profesores de la Facultad de Medicina a suscribir un documento en el que daban validez al curso oficial sin exámenes. El Ministerio ordenó la formación de un tribunal de disciplina en la misma Facultad para la imposición de los castigos pertinentes a los alumnos implicados. La Federación Escolar Universitaria de Madrid hace pública una nota:

            «Conocedora (…) de que algunos individuos tratan de solicitar el aprobado general, no puede menos de formular su más enérgica protesta ante la maniobra.»

            Parece ser que determinados individuos, apoyados en que Alfonso XII así lo hizo, pretendían la obtención del aprobado general con motivo del advenimiento de la República. Domingo Barnés, subsecretario, se desplaza a Valladolid para conocer el problema en su verdadera dimensión, y Marcelino Domingo, en unas declaraciones a los periodistas, se muestra dispuesto a la benevolencia con los estudiantes y a reconsiderar lo ordenado si hubiese lugar.

            El 24 de mayo es conocido oficialmente el fallo del Consejo que condena a expulsión temporal, durante dos años, de la Universidad, con pérdida de curso en todas las asignaturas en que se hallaban matriculados; a los de menor culpabilidad se les castiga con pérdida del curso. Pocos días después abren sus puertas las facultades.

            Los incendios de la noche del 11 de mayo afectaron algunos colegios, quedando por dicha causa niños sin escuela. Para resolver ese problema el Ministerio pidió a la Junta de Construcción en la Ciudad Universitaria de quince pabellones, que fueron situados donde las necesidades lo requerían. Otro de los centros afectados por los siniestros del 11 de mayo fue el Instituto Católico de Artes e Industrias (I. C. A. I.) de Alberto Aguilera, lo que motivó un escrito, dirigido al Gobierno, de un grupo de alumnos y ex alumnos del Instituto, en el que protestan «contra el incivil proceder de los grupos que prendieron fuego dicho centro de cultura» y muestran su total adhesión al profesorado.

  1. La situación escolar

            La cuestión fundamental con que se encontró la República fue la de la escuela primaria, y no sólo porque en comparación con las democracias europeas España fuese, en boca de Marcelino Domingo, «una vergonzosa y dramática excepción», sino porque un 32,4 por 100 de los 25 millones y medio de españoles eran analfabetos, siendo el porcentaje de hombres que no sabían leer ni escribir el 24,8 y el de mujeres el 39,4, estando en la calle sin  escolarizar un millón y medio de niños. Esta situación se agravaba cuando se partía de una insuficiencia de datos que obligaban a decir a Llopis en un artículo de enero de 1932: «No había manera de poseer una estadística medianamente seria que nos advirtiese del número y calidad de las escuelas existentes, del número de maestros, de su matrícula y de su asistencia».

            Mediante un telegrama circular se urgió a los inspectores jefes de cada provincia sobre el número de escuelas existentes y por las que a su juicio deberían crearse para atender a la totalidad de la población escolar. Dos datos quedaron claros inmediatamente: España tenía en funcionamiento 32.680 escuelas, y para atender a todos los niños en edad escolar era necesaria la creación de otras 27.151 en aquel momento. Ni la capacidad económica del país permitía resolver inmediatamente un problema de tal envergadura, ni existían locales adecuados, ni maestros suficientes para terminar rápidamente con un déficit que venía arrastrándose de antaño.

            Pese a lo cual, para cubrir las necesidades indicadas el Ministerio trazó un plan quinquenal por el que se crearían 5.000 escuelas cada año, salvo en el primero, que se crearían 7.000. La ley aprobada por las Cortes Constituyentes el 22 de octubre de 1931 ratifica este último extremo de la iniciativa gubernamental. En cuanto a la construcción de escuelas, el presupuesto de 1931 con el que se encontraron los republicanos a su llegada al Poder destinaba ocho millones y medio a construcciones escolares, de los cuales se habían gastado ya 3.700.000 pesetas. Disponían, por tanto, de 4.800.000 pesetas, de las cuales 1.000.000 estaba destinado a las construcciones de Madrid. La cantidad indicada era a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades apremiantes que existían, aun contando que muchas escuelas se construían con aportaciones del 50 por 100 de los Ayuntamientos. Por otra parte, en el presupuesto de 1932 tampoco consiguieron introducir más que las cantidades necesarias para continuar las obras subastadas, ni una peseta para nuevas construcciones escolares. A unas necesidades extraordinarias no se podía subvenir con recursos ordinarios; de ahí que el Gobierno presentase a las Cortes un proyecto de ley para concertar un empréstito de 400 millones de pesetas para construcciones escolares, que el Parlamento votó favorablemente el 16 de septiembre de 1932. Por dicha ley la República podía gastar en ocho años 400 millones de pesetas, que unidos a las aportaciones de los Ayuntamientos, unos 200 millones, hacían un total de 600 millones, que representaban no sólo el mayor esfuerzo económico realizado hasta esa fecha en educación en nuestro país, sino el mayor esfuerzo que en aquella época realizaba país alguno.

  1. Situación del Magisterio primario

            Existían al proclamarse la República 36.680 maestros nacionales distribuidos en dos escalafones, teniendo el primero siete categorías y el segundo tres.

            Estos 36.680 maestros se repartían alrededor de 116 millones de pesetas, lo que representaba un sueldo medio anual de 3.162 pesetas. La situación económica del Magisterio era, como se ve, bastante precaria, por lo que las Asociaciones de Maestros protestan ante esta situación y estimulan al Gobierno a resolver sus problemas. Leamos los términos en que se dirigía Manuel A. Zapata, secretario de una de ellas, al Ministerio de I. P.:

            «Tiene especial interés en hacer constar la Junta Directiva de la Asociación General de Maestros que, fuerza de clase, con todas las características y modos de actuación de las demás organizaciones obreras afectas a la U.G.T., se dirige con todo respeto al ministro para hacerle saber: que su problema escalafonal no admite en justicia aplazamientos ni es posible que el Gobierno de la República le siga manteniendo en el plano de manifiesta inferioridad respecto a los demás funcionarios del Estado en que se encuentran»

            En la Gaceta del 7 de agosto se da solución, en parte, a los problemas planteados. Se reconoce la insuficiente retribución del Magisterio, pero se considera que han de ser las Cortes las que resuelvan su situación. Admite el decreto que no pueden seguir postergados los maestros en relación con los demás funcionarios del Estado.

            «Los maestros necesitan entregarse con entusiasmo a la obra renovadora de la escuela sabiendo que su trabajo, en lo que pueda tener de retribuible, será debidamente atendido.»

            Por lo que se decreta que con efectos de 1 de julio de 1931 ascienden al sueldo de 3.000 pesetas, categoría octava, los 1.800 maestros que figuran en la categoría novena, de sueldo 2.500 pesetas, y los 5.033 maestros de la categoría décima, de sueldo 2.000 pesetas. Quedan ascendidos por este decreto un total de 6.833 maestros nacionales. El decreto fue sancionado por las Cortes Constituyentes el 9 de octubre de 1931. Si a estos 6.833 unimos las 7.000 escuelas creadas por decreto de 23 de junio de 1931, sancionado por las Cortes del 22 de octubre, y que se crearon con un sueldo medio anual de 5.000 pesetas y no como venía haciendo la Monarquía con el sueldo de entrada, nos encontramos con que en los primeros meses de la República ascendieron un total de cerca de 14.000 maestros. Para poder ver lo que esto significaba, habrá que referirse al ritmo de ascenso a los años anteriores al período republicano. En el año 1924 ascienden 226 maestros; en 1925, el mismo número; en 1926, 72; en 1927, 342, y por último, en el año 1930, ascienden 594 maestros.

  1. La reforma de las Normales

            El decreto de 3 de julio sobre selección del Magisterio, aunque no se refiera directamente a las Escuelas Normales, tiene relación con ellas en la medida que se suprimían las oposiciones, siendo sustituidas por cursillos de selección profesional que se celebrarían durante tres meses y divididos en tres partes: clases en las Escuelas Normales, prácticas de enseñanza en las primarias y lecciones de orientación pedagógica y cultural en las Universidades. Con ello se abarcaban los tres aspectos esenciales de la preparación exigible a un maestro: cultura general, preparación pedagógica y práctica profesional.

            Entre los miembros de los Tribunales Provinciales, cinco en total, había un vocal que era maestro y su presencia en el mismo venía dada por elección democrática por sus compañeros de provincia. Otra medida interesante era asociar la Universidad en la labor de selección del Magisterio. La tendencia de que el Magisterio estuviese vinculado a la Universidad quedaba apuntada.  La auténtica reforma de las Escuelas Normales viene establecida por decreto del 29 de septiembre de 1931. A dicha reforma había dedicado el Consejo de Instrucción Pública varias jornadas y en ellas hubieron de transigir algunos consejeros de sus principios, que llevaban a la preparación universitaria del Magisterio para aceptar su preparación en las Escuelas Normales reformadas. No renunciamos a copiar aquí partes fundamentales del preámbulo del decreto de 29 de septiembre.

            «Siendo la instrucción primaria la que requería mayor atención, se le ha prestado en todos los aspectos. Pero siendo en la instrucción primaria el primer factor el maestro, toda la reforma se frustraría sin un maestro que la encarnara en su espíritu. Urgía crear escuelas, pero urgía mas crear maestros; urgía dotar a la escuela de los medios necesarios para que cumpliera la función social que le esta encomendada, pero urgía mas capacitar al maestro para convertirlo en sacerdote de esta función; urgía elevar la jerarquía de la Escuela, pero urgía igualmente dar al maestro de la nueva sociedad democrática la jerarquía que merece y merecerá haciéndole merecedor de ella.»

            En la parte dispositiva del decreto que comentamos se establecían los tres períodos formativos del maestro: uno de cultura, otro de formación profesional y un tercero de práctica docente; el primero se haría en los institutos nacionales de segunda enseñanza, exigencia del bachillerato para acceder a las Escuelas Normales; en estas se llevaría a cabo la formación profesional, y el tercer período, de práctica docente, se haría en las escuelas primarias nacionales.

Habría una Escuela Normal por provincia, salvo Madrid y Barcelona, que tendrían dos. También tendría Escuela Normal Santiago. El régimen de las mismas sería de coeducación con profesorado de ambos sexos. El ingreso en las Escuelas Normales se haría mediante examen‑oposición, exigiéndose a los aspirantes entre otras condiciones ser mayor de dieciséis años y tener el bachillerato.

El período de formación profesional abarcaba las siguientes materias de estudio:

  1. Conocimientos filosóficos, pedagógicos y sociales;
  2. Metodologías especiales;
  3. Materias artísticas y prácticas.

Estaban distribuidas en tres cursos y en las siguientes asignaturas:

– Primer curso: Elementos de Filosofía, Psicología, Metodología  de las Matemáticas, Metodología de la Lengua y de la Literatura españolas, Metodología de las Ciencias Naturales y la Agricultura, Música, Dibujo, Trabajo Manual o Labores, Ampliación facultativa de Idiomas.

– Segundo curso: Fisiología e Higiene, Pedagogía, Metodología de la Geografía, Metodología de la Historia, Metodología de la Física y de la Química, Música, Dibujo, Trabajo Manual o Labores, Ampliación facultativa de Idiomas.

– Tercer curso: Paidología, Historia de la Pedagogía, Organización Escolar, Cuestiones Económicas y Sociales, Trabajos de Seminarios, Trabajos de Especialización.

Al final de cada curso los claustros determinarían los alumnos que se hallaban en condiciones de pasar al curso siguiente o al examen de calificación final, estableciéndose pruebas escritas para aquellos alumnos cuya calificación pudiese ofrecer dudas.

El tercer período, de práctica docente, se realizaría durante un curso escolar completo, en escuelas primarias nacionales, bajo la dirección y orientación del profesorado de la Normal y de la Inspección de Primera Enseñanza. Los alumnos‑maestros, así les denomina el decreto, tendrían el sueldo de entrada del escalafón, y cuando fuesen, después del período de práctica, nombrados en propiedad, su sueldo sería de 4.000 pesetas anuales.

Las maestras, si había necesidad, podían ser destinadas a escuelas de niños, adscribiéndolas a las primeras clases «en tanto no se extienda a toda la enseñanza primaria el régimen de coeducación».  El decreto fue recibido de muy diferente manera. Mientras la Revista de Pedagogía afirmaba: «La reforma, en suma, constituye un avance considerable y coloca a España a la cabeza de la mayoría de los países de Europa, incluyendo en ellos a Francia e Italia.» Otros órganos de expresión como la Revista de Escuelas Normales, a través de su director de aquel momento, Modesto Bargalló, mostraba su desacuerdo con que la preparación cultural del Magisterio saliese de las Escuelas Normales, ya que hasta el decreto de 29 de septiembre la preparación cultural de los maestros se realizaba en las mismas Normales durante tres cursos. Así decía en mayo de 1932, «Vislumbramos la decadencia y la muerte de nuestros centros (Escuelas Normales): encargados los Institutos de la formación cultural del maestro, y las secciones de Pedagogía de la Universidad de las disciplinas pedagógicas.» En otro lugar manifestaba: «Exigir el bachillerato como único camino para llegar a la Normal es un paso que costará caro a la República.» Estas últimas palabras, interpretadas a su modo por la Asociación de Normalistas Católicos, se convertían en un escrito que hicieron público en las siguientes: « La reforma de las Normales es un paso que costará caro a la República». De todas formas, creemos necesaria hacer otra cita de M. Bargalló para precisar su pensamiento diferenciándolo de los ataques que desde la derecha llegaban a la Reforma: «Se impone, pues, para no malograr la Reforma de las Normales en sus puntos básicos, y dignos de tanto aplauso (fusión de centros de ambos sexos, establecimiento de la coeducación y colocación directa de los alumnos) una transformación completa del actual plan de ingresos y de los estudios que otorgue de nuevo a las Normales la formación cultural y profesional».

  1. Reacción conservadora y populismo radical

El triunfo de la coalición entre católicos (CEDA) y radicales de Lerroux en las elecciones de noviembre de 1933 introdujo un giro profundo en la línea seguida hasta entonces durante el llamado bienio progresista. Este segundo bienio comportó un importante frenazo al plan de creación de escuelas y una revisión de las reformas pedagógicas iniciadas anteriormente. Se suprime el régimen de coeducación, la inamovilidad de los inspectores, la representación estudiantil en los claustros universitarios, el Patronato de la Universidad de Barcelona, los consejos regionales de enseñanza de Cataluña…. Se pone en marcha una verdadera contrarreforma educativa. Como innovación destacable de este período suele señalarse el Plan de Bachillerato impulsado por Filiberto Villalobos en 1934, que, dentro de una orientación liberal y moderna, introducía ciertos criterios de racionalidad en la compleja situación de la segunda enseñanza española.

Tras la disolución de las Cortes y el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, los planteamientos políticos sobre educación van a sufrir un giro radical, retornando a los primeros programas del 31. Marcelino Domingo vuelve al Ministerio y se reanuda el hilo perdido de la política progresista: reactivación del plan de creación y construcción de escuelas, control de la enseñanza privada por el Estado, recuperación de la política autonómica, inamovilidad de los inspectores… Pero el corto ciclo que transcurre entre febrero y julio de 1936 se ve pronto truncado por el estallido de la guerra civil.

El trienio bélico (1936-1939) hay que examinarlo, por lo que a la historia de la educación se refiere, desde los dos frentes. En la zona republicana adoptó la vía de una “enseñanza beligerante” al servicio de la revolución. La escuela vuelve a ser concebida como un arma ideológica y de lucha popular contra el fascismo. Éste se asocia a la barbarie, frente a la exaltación culturalista de la República. Defender la República, decía Bergamín, era defender la cultura. Durante esta etapa se elaboró un nuevo plan de enseñanza primaria (1937), se promovieron institutos para obreros que impartirían una especie de bachillerato abreviado, programas politécnicos de formación profesional, campañas de alfabetización, la lucha contra el analfabetismo a través de las “milicias de la cultura” y las “brigadas volantes”, universidades populares, ateneos libertarios, ensayos de colectivización educativa, agrupaciones de “mujeres libres”, extensión cultural de las misiones pedagógicas y bibliotecas. La época de guerra fue, desde el lado republicano, una etapa de gran creatividad pedagógica.

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