Génesis y evolución del sistema escolar en España. 

ESQUEMA

  1. ANTIGUO RÉGIMEN
  2. ILUSTRACIÓN
  3. LA EDUCACIÓN EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX: LA CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA LIBERAL
    • CONSTITUCIÓN DE 1812
    • INFORME QUINTANA
    • OTROS ANTECEDENTES DE LA LEY MOYANO
  4. LA LEY MOYANO
    • ORGANIZACIÓN
    • CARACTERÍSTICAS
  1. ANTIGUO RÉGIMEN

Para encontrar el origen del sistema educativo escolar en España nos hemos de remontar a la Ilustración, siglo XVIII.

En el siglo XVIII encontramos una situación denominada ANTIGUO RÉGIMEN  que se caracteriza por: (D 3)

  • ECONOMÍA: Gremial y agraria basada en grandes latifundios pertenecientes tanto a la nobleza como al clero
  • SOCIEDAD: estamental piramidal (Dios, Rey, Nobleza-Clero y Pueblo llano)
  • La nobleza es un estamento económicamente influyente (alta nobleza, nobleza de toga y militar)
  • La iglesia poderosa económicamente (un tercio del territorio es de ella) y autonomía económica (Diezmo), control social y educativo (púlpito y escasas instituciones educativas) y políticamente rivalizaba en el control del estado.
  • EDUCACIÓN: la situación del Antiguo Régimen, anterior a la introducción a las ideas ilustradas, es una población prácticamente analfabeta de la que no se puede hablar de sistema educativo ya que la educación estaba en manos de la iglesia. (D 4)

La situación de  la educación en el siglo XVIII podríamos caracterizarla como: (D 5)

  • Estaba en manos de la iglesia
  • 80% de analfabetismo
  • Pocas escuelas
  • Pésimos maestros
  • Escuelas de latinidad
  • Gramios
  • Universidad medieval
  • La

 No obstante existía: Educación elemental: las escuelas eran escasas que y dependían de los Ayuntamientos controladas por la Iglesia. La Iglesia poseía sus propias  escuelas monásticas, antepasado de los seminarios. La nobleza educaba a sus hijos a través de preceptores. Los métodos de enseñanza eran arcaicos y la formación de los maestros era gremial (Hermandad de San Casiano), mal pagados y mal formados. (D 6)

  • Educación secundaria o media con baja calidad y malos métodos estaban concebidas como preparación para estudios superiores estando integradas en la propia Universidad a través de las Facultades Menores. Se mantienen los preceptores para la nobleza y la Iglesia poseía colegios religiosos que conformaban la enseñanza privada. Integraría: Facultades Menores que preparaban para entrar en la universidad (cultura general, filosofía y artes), Colegios Religiosos (cultura general) y preceptores de la alta nobleza. (D 7)
  • Universidad única institución que imparte educación de forma sistemática unida a la Iglesia en su fundación y sostenimiento en su mayoría o del municipio escasamente. Mantiene el modelo de la edad media (teólogos, juristas y médicos). Presidida por el Canciller que es el máximo representante del Papa, preside el claustro y ejerce jurisprudencia, le sigue el Rector responsable de las cuestiones académicas. Dos son los tipos de Universidades: las dependientes de la Iglesia y las del ayuntamiento. (D 8)

            El Antiguo Régimen en educación colegiales y jesuistas representan el grupo de presión y poder omnipotente. El poder real delega en el Santo Oficio que poseía el control absoluto, la inquisición es todo poderosa. Se publica Indice de libros prohibidos y las licencias para la lectura son muy estrictas. Se censura la entrada de libros en puertos y fronteras con los siguientes criterios de prohibición:

.           Obras contrarias a la Fe católica

.           Obras que fomentan la supersitición

.           Obras de temas deshonestos y lascivos

.           Obras anónimas

.           Obras que atentaban contra la buena reputación del prójimo o atacaban a las personas eclesiásticas o príncipes.

  1. LA ILUSTRACIÓN (D 11)

            El contexto sociopolítico:

  • Ilustración (1760-1808): aún en el antiguo régimen es el periodo de introducción y difusión de sus ideas.
  • Carlos III (1759-1788): auge y consolidación del despotismo ilustrado.
  • Carlos IV (1788-1808): guerra de Trafalgar, independencia y motín de Aranjuez (Abdicación de Fernando VI), expulsión de los jesuitas, intervención de la autoridad civil en asuntos eclesiásticos.

            Fue Carlos III el que impulsa el pensamiento ilustrado protegido por los Afrancesados (aristócratas, obispos y alto clero, sabios eminentes y ministros de la corona). Las ideas ilustradas encuentran los siguientes obstáculos:

  • Ausencia de pensamiento político democrático (despotismo ilustrado)
  • Interpretación económica de la decadencia.
  • Oposición frontal de la Iglesia y la aristocracia.

            La introducción de las ideas Ilustradas (siglo XVIII) se produce una fe desmesurada en la instrucción pública como forma de renovar la sociedad y generar progreso. La introducción de las ideas ilustradas en materia de educación en España contó con importantes dificultades asentándose tardíamente y es que el estamento eclesial se resistía a perder las prebendas en materia de educación (principal fuente de ingresos) y que los liberales inicialmente, progresistas e innovadores posteriormente, lucharan por quitarle esos privilegios e introducir los principios de la nueva escuela. Podríamos resumir las ideas ilustradas en la educación como sigue: (D 12)

  1. Fe desmesurada en la eficacia de la educación.
  2. Modernización de los contenidos de la instrucción, contenidos útiles (economía, ciencias exactas, físicas y naturales, lenguas vivas, dibujo…)
  3. Educación primaria igual y gratuita
  4. Secundaria práctica y laboral.
  5. Universidad moderna sin influencia de la Iglesia e introduciendo los nuevos saberes.
  1. LA EDUCACIÓN EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO LIBERAL.

                       Estos temas se estudiarán prioritariamente a partir de la legislación escolar dado que durante todo el siglo XIX en la educación había una gran distancia entre las declaraciones y la realidad escolar.

            Durante la primera mitad del siglo XIX conviven simultáneamente la educación del antiguo régimen cuyo origen es la escuela medieval y la nueva escuela. El cambio afecta a los contenidos, los métodos, las técnicas de enseñanza el mobiliario, los edificios, la formación del maestro…

La cuestión educativa a lo largo del siglo XIX y XX ha tenido gran trascendencia en nuestro país siendo utilizada en muchas ocasiones como cabeza de turco de otra problemática que nos atreveríamos a resumir como el paso del poder de unas instituciones sociales a otras: de la Iglesia al Estado.

            La situación se inicia con la introducción de las ideas ilustradas en nuestro país. Inicialmente, durante el reinado de Carlos III, la interpretación que se realizó era que la ignorancia de la sociedad española era debido al retraso económico del país. El analfabetismo de nuestro país era muy alto. En aquellos momentos, en la enseñanza elemental  había pocas escuelas y mal cualificadas. Era necesario reformarlas.  La situación no era muy diferente en lo que respecta a los estudios secundarios. La formación profesional prácticamente era inexistente. Acuciaba una profunda reforma que fue iniciada por los ilustrados españoles pero que no logró sus metas de forma inmediata debido a la influencia de la Iglesia como factor importante que se oponía a las reformas preconizadas. Esto era particularmente notable en el caso de la educación que, en manos de la Iglesia, ofrecía un espectáculo mediocre ya que los reaccionarios españoles temían, con la reforma,  perder su influencia a todos los niveles en la sociedad española «ven en la educación un peligro para el orden social estamental» » (PUELLES, 1999: 42).

            FARJAS (1989) sintetiza muy claramente la situación afirmando que durante esta época no se pone en cuestión el sistema de enseñanza, sino que se polemiza sobre de quién es y a quién sirve. Es el supuesto transito de manos privadas (Iglesia fundamentalmente) a públicas (Estado). La primera mitad del siglo XIX es ese tránsito en el que los liberales juegan un papel protagonista.

3.1. Constitución de 1812

            Este proceso se inicia en 1812 que se proclama la primera Constitución española  y con ello la instauración del nuevo régimen que sufrió varios asaltos, por parte de grupos reaccionarios, por lo que realmente estuvo vigente durante periodos cortos.

            El progreso de la humanidad aparece ligado al progreso de la instrucción. Es por esto que la instrucción es concebida como un instrumento de reforma social y prosperidad de la nación así como elemento esencial de una pedagogía democrática (Puelles, 2000).

La Pepa dedica el título IX a la instrucción pública en la que: se respeta la estructura educativa existente, no se hace referencia a la segunda enseñanza, se apunta la obligatoriedad de la enseñanza en las escuelas de primeras letras (universalidad de la educación y vocación centralizadora en tanto que la educación es responsabilidad del estado)

No obstante se fueron concretando los principios fundamentales del liberalismo en materia educativa, concretado en el título IX de la Constitución, a pesar del retraso con respecto a otros países.

La Constitución de 1812 estrenó la perspectiva liberal en España. El Título IX que se dedica íntegramente a la educación (Título IX: De la Instrucción Pública, arts. 366-371), incorporando principios fundamentales de extraordinaria influencia posterior, sentando las bases de la tendencia uniformista del liberalismo español. Se trata de un Título de clara influencia francesa, siendo lo más destacable del mismo la proclamación del carácter público de la educación. El título IX está impregnado del moralismo pedagógico que opera a través de la instrucción como instrumento de transformación de la nueva sociedad de clases (SALGUERO, 1997).

            Siguiendo el análisis realizado por RODRÍGUEZ COARASA (1998) la Constitución de 1812 en su Discurso Preliminar destacó, en primer lugar, la importancia de la instrucción pública para alcanzar la felicidad del país. Para los liberales del XIX, al igual que para los ilustrados del XVIII, la cultura seguía siendo una panacea con la que se pretendía sanar todos los males que se encontraban en la sociedad, por lo que la instrucción –en buena lógica-  debía convertirse en un instrumento en manos del Estado, el cual – para poder asumir esta responsabilidad- estaba obligado a poner todos los medios necesarios para que la instrucción pública cumpliera los fines que le correspondían como la institución social y política que se esperaba que fuera. Así, esta instrucción debía tener dos características: generalidad, para que alcanzase a todos sin excepción, y uniformidad, para que llegase a todos por igual y no diera lugar a distinciones, ni a diferencias.

Según establecían los principios generales de la Constitución, se hacía necesaria una ley general de instrucción pública que los desarrollase. A tal fin, la Secretaría de Despacho de la Gobernación constituyó en marzo de 1813 una Junta de Instrucción Pública a la que encargó la elaboración de un informe que expusiera un proyecto de reforma general de la instrucción. Entre sus miembros se encontraba el poeta Manuel José Quintana (1772-1857) a quien se atribuye la redacción y elaboración del Informe para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la instrucción pública, texto clave de la historia de la educación del siglo XIX en España, de clara influencia francesa, que se propuso fijar unas bases elementales en la estructura de la instrucción pública. De este modo, la instrucción se concibe como universal, pública, gratuita y libre, siendo sus rasgos característicos la uniformidad y la centralización. En este informe se declara la libertad de enseñar, y como consecuencia, permite las llamadas «escuelas particulares» sólo cuando falten las estatales. MOLERO (1977) interpreta la posibilidad de que se puedan utilizar centros privados por razones prácticas ya que se acepta la imposibilidad del Estado para resolver el problema.

3.2. Informe Quintana (D 14)

            El Informe Quintana (1813)  sienta las bases del futuro sistema educativo fundamentado en cuatro principios educativos, la educación ha de ser:

.           Universal, igual para todos, esto es el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos. La enseñanza ha de ser tan igual y completa como las circunstancias lo permitiesen.

.           Uniforme en contenidos y libros de texto (son los que proporcionaban los contenidos y planes de estudio) y métodos de enseñanza.

.           Pública. La escuela debe ser abierta para todos , gratuita especialmente en las primera letras.

.           Libre, referida a la libertad de elección de centro docente.

            Todo esto se articula a partir de la introducción en la estructura del sistema educativo de las ideas ilustradas estructurándose: (D 15)

  • Instrucción pública (inferior y superior)
  • Instrucción secundaria (Liceos o universidades de provincia)
  • Enseñanza superior (Las Universidades y las academias o centros de investigación y de estudios especializados)

            El Informe Quintana expone los dos grandes ejes sobre los que va a girar la ideología liberal en nuestra enseñanza:  el principio de igualdad y el principio de libertad, que son –respectivamente- las vertientes pública y privada de la educación. Para la profesora DOMINGUEZ una de las claves de este informe es el de que interpreta «la libertad de enseñanza fundamentalmente como libertad de creación de centros docentes (que arrastra consigo en el estilo de hoy, el derecho a la libertad de elección de centros docentes). La educación se organizaba en España a partir de aquel momento en un sistema dual de enseñanza pública y de enseñanza privada (principio que por importante y discutido llega hasta nuestros días y se resuelve con la promulgación de la LODE)» (DOMINGUEZ, 1997: 260).

El informe se remitió a las Cortes en septiembre de 1813 para su discusión y debate, pero el regreso de Fernando VII impidió que el proyecto ulterior fuere objeto de discusión parlamentaria. El Decreto de 4 de mayo de 1814 declaró la Constitución y las medidas legislativas de la Cortes “nulos y sin ningún valor ni efecto”, produciéndose un retroceso que lleva de nuevo la educación a las manos exclusivas de la Iglesia (PUELLES, 1999).

  1. ANTECEDENTES DE LA LEY MOYANO (D 16)

    • Reglamento de Instrucción pública (1821)
    • Absolutismo de Fernándo VII (1823)
    • Plan Duque de Rivas (1836)
    • Proyecto Someruelos (1828)
    • Proyecto Infante (1841)
    • Plan Pidal (1845)

            El Reglamento de Instrucción pública (1821)       Finalizados los años de absolutismo, se reanuda el régimen liberal instaurado por las Cortes de Cádiz quedando restablecida la Constitución de 1812. En este periodo conocido como el trienio liberal (1820-1823) es cuando ve la luz el primer texto legal en materia educativa: El Reglamento General de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821, cuya aprobación resulta trascendental en la historia de la enseñanza en España dado que debe ser considerada como la primera Ley General de Educación de nuestro país y base orientadora para las reformas legislativas que se fueron sucediendo a lo largo del siglo XIX. Sigue las normas planteadas por el Informe Quintana y por el Proyecto de 1814, ajustándose al Título IX de la Constitución de Cádiz: uniformidad de la enseñanza y de carácter pública y gratuita; coexistencia de la enseñanza pública y de la privada; regulación del profesorado; ordenación de los tres grados de la enseñanza; defensa de la libertad de enseñanza.

El reglamento establece las bases generales de la enseñanza pública no universitaria:

  • Primera enseñanza
  • Segunda enseñanza
  • Tercera enseñanza

            No obstante es su mayor aportación la interpretación de la libertad de enseñanza como el establecimiento de la doble red de centros educativos: públicos y privados.

Fernando VII (1823) Con la vuelta del absolutismo en 1823, se produce un retroceso en lo referido a la educación en general en tanto que se deroga el anterior Reglamento y se inicia la reforma de la enseñanza superior para adaptarla al nuevo régimen conservador, promulgándose en 1824 el Plan General de Estudios y Arreglo de las Universidades, Colegios y Seminarios del Reino, conocido como “Plan Calomarde” por el nombre del Ministro que lo sancionó: Francisco Tadeo Calomarde. No obstante en lo que respecta a la cuestión que nos ocupa, se afianza la idea de libertad de enseñanza entendida como libertad de creación de centros privados en los niveles primario y secundario. La Iglesia controla nuevamente la enseñanza, tanto pública como privada, y a los profesores se les exige adhesión al régimen y profesar la fe católica, comenzando así una tendencia que se incorpora por primera vez a un texto legislativo: la unión de política y religión en materia de educación, dedicándose incluso el Título XXX a las “disciplinas religiosa y moral”. En suma, «el Plan devuelve la enseñanza al control eclesiástico al mismo tiempo que puso en práctica unas medidas de control y rigidez en los contenidos de la enseñanza. A su amparo se destruyen los libros extranjeros, se excluye a los maestros no católicos y se anula el espíritu autonómico de las Universidades» (MOLERO, 1977: 22).

            La situación hasta este momento es que aunque se inicia la diferenciación entre enseñanza pública y privada (confesional o no eclesiástica), es difícil separar en este primer momento la acción de la enseñanza pública de la privada.

Este período se ha descrito de la siguiente forma: la acción pública en la enseñanza es muy dependiente de la situación política y, en todo caso, tendente a ampliar la educación primaria (para lo cual impelen a las órdenes religiosas a dedicarse con más vigor) a establecer una cierta modificación de la estructura del sistema de enseñanza (establecimiento formal de la segunda enseñanza) y a controlar los contenidos de la enseñanza privada y la concesión de títulos. Todo ello en medio de un absoluto respeto a la libertad de enseñanza en cuanto libertad de creación de centros en un medio regulado por el Estado. Si algún intento legislativo hubo de nacionalización de centros (el Proyecto Someruelos, en 1838, pretendía una nacionalización de los establecimientos privados de segunda enseñanza), no llegó ni siquiera a notarse. El conflicto sobre la libertad de enseñanza se plasma en una defensa a ultranza de la libertad de acción privada o en un cierto control público de tal acción. Ese es el significado que tiene durante el siglo XIX, si bien se ampliará e incluirá el concepto de libertad de cátedra (FARJAS, 1989).

Con la vuelta del absolutismo de Fernando VII (1823) se produce un retroceso a la situación anterior a las reformas de los ilustrados:

  • Gratuidad sólo en primaria elemental
  • Libertad de enseñanza es entendida como libertad de creación de centros privados
  • Secundaria adquiere un carácter propedéutico

Tras la muerte de Fernando VII destaca en materia de educación el Plan General de Instrucción Pública promulgado el 4 de agosto de 1836. Aunque su vigencia fue breve, marcó las líneas principales del futuro liberalismo moderado que incorporaron posteriormente el Plan Pidal (1845) y la Ley Moyano (1857). El Plan de 1836 abandona el principio de gratuidad absoluta de la enseñanza y el carácter restrictivo de la libertad de enseñanza. Su importancia radica en que mantiene las coordenadas anteriores y reafirma el sistema dual de enseñanza pública y privada.

Con la Constitución de 1837 se restablece la libre circulación de ideas y se suprime la censura. La educación vuelve a ser competencia de las Cortes. Los moderados solicitaron un proyecto de ley, Ley Someruelos de 1838, que recogiese los grandes principios de la enseñanza liberal. Se prepararon dos proyectos de ley: uno para regular la enseñanza primaria y otro para la secundaria y superior, sólo el primero se convirtió en ley el 21 de junio de 1831. Con respecto al Plan del Duque de Rivas se observa una mayor centralización de la enseñanza, especialmente en lo referido a secundaria en el que se, aprecia, con mayor control ideológico, una clara política de acercamiento a la Iglesia (los maestros debían ser aprobados por la autoridad local y por el cura párroco, v.gr.), que culminará con la firma del Concordato de 1851. El proyecto de 1838 supone el asentimiento de la enseñanza privada aunque el mismo Someruelos un mes después obligara a los centros privados de segunda enseñanza a acatar el mismo plan de estudios que el de los públicos.

            Conseguida cierta estabilidad para la enseñanza primaria a través de la Ley de 1838, es necesario acometer medidas en los otros dos segmentos de la educación: secundaria y universitaria. En 1845 se producen dos hechos fundamentales para la vida política y educativa en España: la promulgación de una nueva Constitución y el Plan Pidal. Nombre derivado del Ministro de Gobernación, Pedro José Pidal, aunque su principal creador fue Antonio Gil de Zárate (1793-1861), Jefe de la Sección de Instrucción Pública. Pretendió una secularización de la enseñanza iniciando así una lucha abierta entre la Iglesia y el Estado por el dominio de la educación tanto en la libertad de creación de centros como en la libertad de cátedra. No obstante la postura del Plan Pidal es intermedia ante el problema de la enseñanza privada en tanto que proporciona libertad absoluta en la enseñanza elemental, restringe la libertad de enseñanza a los estudios intermedios y en los estudios de segunda enseñanza mantiene una postura intermedia ajustándolos a unos severos requisitos  dada el interés social de la educación (PUELLES, 1999).

El Plan Duque de Rivas (1836) pone la educación al servicio de la nueva clase social burguesa

.           Reafirma el sistema dual de enseñanza (pública y privada)

.           Se mantiene la uniformidad y centralización

.           Se crea la Escuela Normal.

De la formación del profesorado: (D 17)

Art. 17. Los gobernadores civiles y comisiones de que se hablará después, cuidarán de que los Ayuntamientos de los pueblos proporcionen a todo maestro de escuela pública primaria:

  1. Casa o habitación suficiente para si y su familia.
  2. Sala o pieza a propósito para escuela, y menaje preciso para la enseñanza.
  3. Un sueldo fijo que (pudiendo ser) no baje en ningún lugar de ochocientos reales para una escuela elemental, y dos mil quinientos reales para una escuela superior, además de las retribuciones de los niños.

Los pueblos podrán aumentar este sueldo fijo, según sus recursos, para proporcionarse maestros más instruidos, en atención a que el mínimo sueldo indicado sólo debe tener lugar en la poblaciones más cortas y pobres

Art. 19. Además del sueldo fijo, deberán percibir los maestros de las escuelas públicas elementales y superiores una retribución semanal, mensual o anual de los niños que no sean verdaderamente pobres…

Teniendo como antecedentes el Proyecto Someruelos 1838 que divide la instrucción pública en elemental y superior, gratuidad restringida para los pobres (solo a los que saquen buenas notas), apertura de escuelas de adultos y párvulos. Comienza a organizar la administración educativa (

 Proyecto infante 1841 pretendía evitar la propedéutica de la secundaria, que fuera independiente de la universidad, la gratuidad restingida de la primaria y la estatalización de la universidad

 Plan Pidal 1945 cuando se establece definitivamente los antecedentes de la Ley Moyano.

Esta situación ha llevado a afirmar que hasta aquí «son muy escasos los momentos en que la Iglesia tiene problemas serios para controlar la enseñanza. Tal vez el más crucial corresponda al Plan Pidal de 1845, que al establecer unas exigencias de profesorado y titulaciones difíciles de cumplimentar por las órdenes religiosas, pudo suponer una amplia secularización de la enseñanza» (FARJAS, 1989). Esta situación se solventa a través de una serie de acontecimientos a través de los que se acentúa el influjo de la Iglesia en el Gobierno. Así en el año 1845 la Constitución hace referencia a la confesionalidad del Estado en su artículo 11; la apertura de la Nunciatura se lleva a cabo en 1848 y se firma el Concordato con la Santa Sede el 16 de marzo de 1851.

Esta primera parte del siglo ha sido estudiado pormenorizadamente centros educativos de madrileños por SIMON (1979) llegando a la conclusión de que el control de la Iglesia en la dirección de centros y en los profesionales de la educación era grande. Esta autora considera que la enseñanza se dirigía a la nobleza o a las clases pudientes, el resto son instituciones benéficas que preparan niñas para servir o para casarse, o centros municipales bajo la dirección de la Iglesia.

4. LA LEY MOYANO

  • Organización
  • Características

            Cerrado el denominado bienio progresista (1854-56), y nuevamente con los moderados en el poder, se aprobó la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, instrumento legal decisivo, no solo porque  consigue los objetivos de los liberales de la primera mitad del siglo, sino también por su duradera vigencia hasta 1970. Y esto es así porque es una ley de bases que incorpora los principios básicos que debían inspirar el sistema educativo, también es necesario considerar la convicción común a todos los partidos políticos de acabar con las continuas reformas y el acuerdo entre las fuerzas liberales en las líneas fundamentales del sistema educativo (PUELLES, 1999).

            Siguiendo a PUELLES (1999) uno de los principios fundamentales de esta ley es las condiciones de los centros privados y la intervención del estado en su funcionamiento. La Ley en su título IV sección segunda, define a los establecimientos privados como aquellos que son costeados y dirigidos por personas particulares, sociedades o corporaciones (art. 148). En cuanto a los requisitos para establecer y dirigir una escuela primaria bastaba con tener veinte años y título de maestro; los de la segunda enseñanza eran mucho más severos.  Es de interés para nuestro estudio recoger las condiciones que se debían cumplir para poder establecer y dirigir un colegio privado de segunda enseñanza que quedaba recogido en los artículos 150 y 153 en lo referido a la enseñanza no universitaria. Dichas exigencias son: «autorización del Gobierno previa audiencia del Consejo de Instrucción Pública y cumplir los siguientes requisitos: que el empresario sea persona de buena vida y costumbres; tenga veinticinco años de edad; se halle en el ejercicio de los derechos civiles y políticos y deposite la fianza que reglamentariamente se establezca; que el director del establecimiento posea la titulación de licenciado; que el local reúna las condiciones adecuadas; que el reglamenteo interno no contenga normas contrarias a las disposiciones generales dictadas por el Gobierno; que el colegio tenga los profesores necesarios con la titulación correspondiente y que se posean los medios materiales que requiere la enseñanza» (PUELLES, 1999: 131-132).  Hay una excepción de gran interés para nuestro estudio y que probablemente explique la situación actual de que la mayor parte de los centros privados sean centros confesionales y que la tradición de centros no pertenecientes a la Iglesia sea escasa y reciente. La excepción a la que se hace referencia queda recogida en el artículo 153 que textualmente  dice: «Podrá el Gobierno conceder autorización para abrir escuelas y colegios de primera y segunda enseñanza a los institutos religiosos de enseñanza pública, dispensando a sus jefes y profesores del título y fianza que exige el artículo 150» (PUELLES, 1999: 132). Esta situación ha llevado a afirmar que a través de esta Ley «se entregó la enseñanza primaria a la Iglesia» (DOMINGUEZ, 1997: 262).

            Se establece un mínimo de escuelas según el número de habitantes de la población y la obligación municipal de sostener tanto las escuelas como los institutos. En el número mínimo de escuelas se contabilizan las privadas, pero un tercio será siempre de escuelas públicas. Esta ley establece un sistema piramidal en el que la base está dirigida a las clases populares (estudios primarios) y se estrecha a medida que nos aproximamos a la cúspide  ya que la enseñanza secundaria no es una prolongación de la primaria sino una alternativa .

 4.2. Características fundamentales

Es en 1857 con la Ley Moyano cuando se produce la consagración de la estructura institucional del sistema educativo cuyas característica fundamentales son:

  • Uniformidad
  • Universal
  • Obligatoria
  • Centralización: la instrucción depende del Estado con una jerarquización perfecta de autoridades y funciones haciéndola depender del Ministerio de Fomento, Dirección General de Instrucción, Real Consejo de Instrucción Pública, Rectorados, Juntas Provinciales y Juntas locales. Constitución de la administración escolar
  • Gratuidad relativa solo a quien no pueda pagarla y sobresalientes sus estudios
  • Secularización aún reconociendo los estudios hechos en colegios privados reconociendo de esta forma tanto la libertad de enseñanza como la instrucción privada
  • Limitación de la libertad de cátedra
  • Intervención del estado en el funcionamiento y organización de los centros
  • Selección y nombramiento del profesorado por oposición

Los maestros reciben una formación acorde a la que después impartirán a sus alumnos: (D 28)

«Art. 68. Los estudios necesarios para obtener el titulo de maestro de primera enseñanza elemental son:

Catecismo explicado de la doctrina cristiana.

Elementos de Historia Sagrada.

Lectura.

Caligrafia.

Gramática castellana con ejercicios prácticos de composición.

Aritmética.

Nociones de Geometria, Dibujo Lineal y Agrimensura.

Elementos de Geografia.

Compendio de la Historia de España.

Nociones de Agricultura.

Principios de Educación y métodos de enseñanza.

      Práctica de la enseñanza.

Art. 69. Para ser maestro de_primera enseñanza superior, se requiere: Primero: haber estudiado las materias expresadas en el articulo anterior. Segundo: haber adquirido nociones de álgebra, de Historia Universal y de los fenómenos comunes de la naturaleza.

Art. 71: Para ser maestra de primera enseñanza, se requiere:

Primero: haber estudiado con la debida extensión en Escuela Normal las materias que abraza la primera enseñanza de niñas, elemental ó superior, según el titulo á que se aspire.

Segundo: Estar instruida en principios de educación y métodos de enseñanza. También se admitirán a las Maestras los estudios privados, siempre que acrediten los dos años de práctica en alguna Escuela-Modelo,,13.

 Es de destacar la diferencia que se hace entre maestros y maestras, según se dediquen a niños o niñas, pues los contenidos varían (Art. 4 y 5), siendo los de las niñas, además, la preparación para las labores del hogar y la educación de los hijos. De igual forma, las Escuelas Normales son distintas para alumnos y alumnas, así como sus planes de formación, como hemos visto arriba.

Esta ley fue la base para posteriores proyectos, y consolidó el sistema educativo liberal moderado, modelo para futuras estructuras del mismo.

La Ley de Instrucción Primaria de 1868, promovida por Orovio, tuvo una vida muy corta, debido a los acontecimientos históricos (Revolución de 1868. I República). La ley suponía la intervención máxima de la Iglesia en la instrucción primaria. Se suprimieron las Escuelas Normales, y los títulos de maestros eran concedidos por Tribunales de los que forman parte dos eclesiásticos.

En los años siguientes se producen importantes tensiones entre autoridad-libertad de cátedra y tradicionalismo dando lugar a la Primera cuestión universitaria 1865-1868.

Con el Sesenio revolucionario 1868-1874 I República 1873 la libertad de enseñanza se erige como la cuestión central de este período pero no aportó reforma alguna educativa de importancia. Es el período del Krausismo y la extensión de sus ideas. La Revolución de 1868 toma como medida inmediata la derogación de la Ley de 2 de junio de 1868 que suponía la máxima intervención de las autoridades eclesiásticas en la instrucción primaria. Los progresistas se manifiestan defensores acérrimos de la libertad de enseñanza y, especialmente, de la libertad de expresión dentro de la enseñanza. Tiene como finalidad lograr la libertad de expresión en sentido amplio a través de la enseñanza pública  y de la enseñanza privada. El Decreto de 21 de octubre de 1868 consagra la libertad de enseñanza en sentido absoluto. Proclama la libertad de creación de centros docentes, la desaparición de la enseñanza pública, la libertad de cátedra, la abolición de los programas oficiales, la libertad para los profesores para elegir los libros de texto. En la Constitución de 1869, junto con el reconocimiento de derechos y libertades como el sufragio universal, libertad de conciencia, derecho de asociación, etc., se garantiza el principio de la libertad de enseñanza, entendida como libertad de creación de centros docentes sin previa licencia.

Con la Restauración los partidos que se alternaban en el gobierno hicieron en educación una síntesis de las diferentes tendencias: liberales y conservadores. La difusión de las ideas krausistas provocó la Segunda cuestión universitaria y a la Institución Libre de Enseñanza. Tras el breve periodo de la Iª República, se produce una nueva restauración en la persona de Alfonso XII, de manos de Canovas del Castillo, gran inspirador de la Constitución de 1876. Canovas entrega la cartera de Fomento a Manuel de Orovio quien promulga un decreto que restablece la vigencia de la Ley Moyano en diversos aspectos, propugnando el nuevo Ministro una enseñanza acorde con los principios del dogma y la moral católicos y con el “sistema político establecido y todo lo que emana de la Suprema Autoridad del Monarca”. La política llevada a cabo por Orovio puede resumirse en los siguientes principios: afirmación de la confesionalidad del Estado y, por tanto, exclusión de la tolerancia religiosa y de la libertad de cátedra;  afirmación del principio monárquico con exclusión de cualquier otra concepción política; identificación del orden religioso con el orden político. Esta Constitución reconoce el derecho a fundar y sostener establecimientos de instrucción según legislación. Aparentemente la situación era una continuación de lo anterior pero la cuestión surge en que para poder interpretar este asunto había que hacerlo considerando el artículo 11 en el que se  manifestaba la confesionalidad del Estado que obligaba una enseñanza de acuerdo con el dogma católico. «La situación creada era paradójica. Se proclamaba la libertad de conciencia y la tolerancia de cultos (concesión al 68) y el reconocimiento de la religión católica como la religión propia del Estado (concesión a la tradición conservadora, art. 11). Dependía de la posición ideológica en la que cada uno se encontrase. Para unos, la libertad de conciencia suponía el derecho a enseñar de acuerdo con las propias convicciones, y para otros la confesionalidad del Estado autorizaba a la Iglesia a velar para que en todos los centros públicos y privados se impartiese la enseñanza de acuerdo con el dogma católico». La Constitución de 1876 puede considerarse como una norma de transición entre los principios proclamados en la Revolución  de 1868 y los de la Restauración. El problema religioso fue uno de los más conflictivos de la misma y se resolvió en su artículo 11 manifestando la confesionalidad del Estado, pero respetando la libertad de cultos. Este precepto condicionó el de la educación: aunque hay un reconocimiento de la libertad de enseñanza, se restringe a través del control estatal con leyes ulteriores que determinaron, por ejemplo, adecuar la enseñanza al dogma católico y el sistema monárquico, lo que empujó a diversos profesores encabezados por Giner de los Ríos a crear la Institución Libre de Enseñanza. De esta forma queda claramente manifiesto que el principal problema latente en educación era el ideológico en materia de la enseñanza de la religión apareciendo  la Institución Libre de Enseñanza como la corriente de laicismo (DOMINGUEZ, 1997). Esta es la situación en este tema durante todo el periodo de la Restauración.

 

Por tanto es en la segunda mitad del siglo cuando comienza a establecerse la administración educativa así como a legislar sobre la enseñan secundaria entendida ésta como un elemento intermedio entre primaria y la universidad. También la enseñanza superior se afianzó como una institución estatal. Es en este período cuando se crearon y extendieron a las provincias las escuelas normales. La evolución legislativa de la instrucción pública estuvo fuertemente influenciada por los enfrentamientos políticos e ideológicos, utilizando la libertad de enseñanza como eje central de debates y controversias teniendo como  resultado que en el período decimonónico el analfabetismo era considerado como una “lacra”, “vergüenza” o “mancha”. No obstante encontramos un movimiento importante con repercusión posterior (Segunda República) que surge a partir de las disputas entre innovadores y tradicionalistas que en la segunda mitad del siglo dieron lugar a las dos cuestiones universitarias teniendo su origen en el Krausismo y finalmente a la Institución Libre de Enseñanza.

En materia educativa, el periodo comprendido entre la Restauración y la Segunda República se caracteriza por la consolidación de las estructuras educativas, en las que ejerció un dominio absoluto la Iglesia sobre la enseñanza privada, con excepción del establecimiento de la Institución Libre de Enseñanza y las escuelas anarquistas de Ferrer Guardia. Pero la afirmación anterior no debe conducirnos a engaños ya que, como ha definido PUELLES (1999), la historia escolar, que se inicia en el siglo XVIII  hasta la Segunda República una de las notas que la caracterizan es que «la educación pasó de manos de la Iglesia al Estado», con su consiguiente pérdida de poder y control ideológico.